Donald Trump anunció que a partir del 1 de octubre de 2025 entrará en vigor un arancel del 100 % sobre los medicamentos importados con patente o de marca, con el objetivo declarado de incentivar a las empresas farmacéuticas a producir dentro de Estados Unidos. La medida incluye una excepción: las compañías que ya estén construyendo plantas en el país o hayan iniciado su construcción podrán quedar exentas del arancel. Este impuesto no se aplicaría a los medicamentos genéricos, centrándose únicamente en los productos “branded”.

El anuncio ha generado incertidumbre en la industria farmacéutica, ya que muchas empresas europeas y asiáticas exportan medicamentos a Estados Unidos y deberán evaluar sus operaciones locales para evitar la carga fiscal. Compañías como Roche y Novartis han señalado que podrían beneficiarse de las exenciones si sus instalaciones estadounidenses cumplen los criterios establecidos. Sin embargo, queda abierta la duda sobre cómo se aplicarán exactamente los aranceles, qué productos califican y qué países podrían ser afectados.
Los analistas advierten que un arancel del 100 % podría incrementar significativamente el costo de los medicamentos importados, impactando a distribuidores, hospitales y pacientes, y generando presiones inflacionarias en el sistema de salud. Además, los fabricantes de países exportadores podrían verse obligados a trasladar parte de su producción a Estados Unidos o enfrentar una caída en la demanda.
Por otra parte, la medida podría tensar las relaciones comerciales de Estados Unidos con sus socios, dado que tratados internacionales limitan los aranceles a ciertos productos farmacéuticos a un máximo de 15 %. Esto podría derivar en disputas comerciales o negociaciones diplomáticas para mitigar los efectos sobre el comercio de medicamentos.
En conclusión, los nuevos aranceles representan un cambio significativo en la política comercial estadounidense hacia la industria farmacéutica, con posibles repercusiones globales en precios, acceso a medicamentos y cadenas de suministro. La aplicación práctica de la medida y sus exenciones será clave para determinar su impacto real en el mercado.
