San Quintín.- El pasado 1 de junio de 2025, México vivió un momento sin precedentes al celebrar las primeras elecciones para designar directamente a ministros de la Suprema Corte, magistrados del Tribunal Electoral y jueces de distrito. Este proceso se realizó en el marco de la reforma constitucional aprobada en 2024, que buscó democratizar el sistema judicial, combatir la impunidad y acercar a los ciudadanos a la administración de justicia.
Entre los resultados más destacados figura la elección del abogado mixteco Hugo Aguilar como nuevo ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tras obtener más de 6.2 millones de votos. Su perfil ha sido reconocido por su labor en defensa de los derechos indígenas, aunque su cercanía con Morena ha despertado cuestionamientos sobre su imparcialidad. También fueron electas figuras como Yasmín Esquivel y Celia Maya, quienes integrarán el pleno del máximo tribunal. En total, se eligieron 386 jueces de distrito y varios magistrados del Tribunal Electoral.
El proceso también significó la desaparición del Consejo de la Judicatura Federal, el cual fue reemplazado por el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial y un Órgano de Administración Judicial. Estos organismos fueron integrados mayoritariamente por candidatos respaldados por el partido oficialista, lo que ha generado preocupaciones en sectores que temen una excesiva concentración de poder.
La participación ciudadana fue baja, con solo un 13% del padrón electoral acudiendo a las urnas. Factores como el desconocimiento del proceso, la complejidad de los perfiles y la reducción del número de casillas debido a recortes presupuestales influyeron en esta escasa concurrencia. A pesar de que el Instituto Nacional Electoral estimaba una baja participación, la cifra final se ubicó dentro del rango esperado.
La elección judicial ha abierto un debate sobre la eficacia de este nuevo modelo y sus implicaciones para la independencia del Poder Judicial. Mientras algunos celebran este ejercicio como un avance democrático, otros alertan sobre los riesgos de politización y falta de preparación de los nuevos funcionarios. Los nuevos cargos entrarán en funciones el 1 de septiembre de 2025, momento en que comenzará a medirse realmente el impacto de esta ambiciosa reforma en el sistema judicial mexicano.
