Washington D.C.— La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó que el gobierno de México no puede demandar a los fabricantes de armas estadounidenses por el tráfico ilegal de sus productos hacia territorio mexicano.
Con esta decisión, el máximo tribunal del país pone fin a un intento sin precedentes por parte de México para responsabilizar legalmente a las empresas armamentistas por la violencia generada en su territorio a causa del tráfico ilícito de armas provenientes del norte.
México había presentado la demanda en 2021, argumentando que compañías como Smith & Wesson y Glock contribuían de manera directa al flujo ilegal de armas que alimenta la violencia de los cárteles del narcotráfico. Las autoridades mexicanas sostenían que los fabricantes habían incurrido en prácticas negligentes al no implementar controles más estrictos sobre la distribución de sus productos.
Sin embargo, la Corte respaldó el argumento de las empresas, que se ampararon en una ley estadounidense de 2005 que otorga inmunidad legal a los fabricantes de armas frente a demandas por el uso delictivo de sus productos, incluso si estos cruzan ilegalmente la frontera.
La decisión ha sido recibida con preocupación por parte del gobierno mexicano, que considera la proliferación de armas estadounidenses como un factor clave en la violencia que enfrenta el país. Diversas organizaciones internacionales de derechos humanos también han expresado su inquietud por el fallo, mientras que sectores defensores de la industria armamentista en EE. UU. celebraron la resolución como una victoria para la Segunda Enmienda y la protección legal de los fabricantes.
Con este fallo, se cierra una vía legal que buscaba sentar un precedente en la rendición de cuentas transnacional por la violencia armada. No obstante, las autoridades mexicanas han indicado que seguirán explorando otras rutas diplomáticas y jurídicas para frenar el flujo ilegal de armas desde Estados Unidos
