CIUDAD DE MÉXICO.— La Fiscalía General de la República (FGR) informó que el cambio del lugar de cumplimiento de la medida cautelar de prisión preventiva otorgado a Ernesto “N” por razones humanitarias no significa la suspensión ni modificación de su proceso penal.
A través del comunicado FGR 649/26, emitido este 27 de septiembre, la Fiscalía señaló que la autoridad judicial autorizó el cambio debido a que la persona imputada es adulta mayor y presenta problemas de salud. Sin embargo, precisó que dicha determinación únicamente modifica el lugar en el que deberá cumplir la medida cautelar.
La FGR sostuvo que los delitos que se le imputan a Ernesto “N”, entre ellos delincuencia organizada y delitos en materia de hidrocarburos, contemplan la prisión preventiva oficiosa conforme a lo establecido en la Constitución, por lo que afirmó que su aplicación no depende de un criterio del Ministerio Público Federal.
De acuerdo con la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), las investigaciones realizadas permitieron identificar una presunta red dedicada al contrabando de combustible. La institución señaló que dicha organización habría utilizado empresas relacionadas con servicios portuarios, dragado y operación de puertos para desarrollar sus actividades.
La Fiscalía indicó además que Ernesto “N” figura, según las investigaciones ministeriales, entre los principales socios de una de las empresas vinculadas al caso.
En su comunicado, la FGR afirmó que la investigación cuenta con diversos elementos de prueba, entre ellos dictámenes periciales, entrevistas, diligencias y análisis de información. Asimismo, señaló que la empresa de la que Ernesto “N” es accionista habría registrado movimientos millonarios en cuentas nacionales que, de acuerdo con la Fiscalía, resultarían incongruentes con su perfil fiscal.
Finalmente, la FGR reiteró que mantiene su respeto a la Ley, al debido proceso y a las determinaciones emitidas por el Poder Judicial Federal.
La información corresponde a lo señalado por la propia Fiscalía General de la República en su comunicado oficial y no implica, por sí misma, una determinación de culpabilidad respecto de la persona imputada.
