San Quintín.- Las decisiones y el manejo interno de la actual administración municipal de San Quintín continúan generando inconformidad, ahora por el trato hacia trabajadores del propio Ayuntamiento, evidenciando una preocupante falta de empatía, sensibilidad social y criterio por parte de la presidenta municipal.
Desde el mes de octubre, diversos funcionarios y empleados municipales fueron despedidos bajo el argumento de la finalización de sus contratos laborales en distintas áreas del Ayuntamiento. Sin embargo, hasta la fecha, ninguno de ellos ha recibido el pago correspondiente a su finiquito, ni han sido llamados formalmente para explicarles los motivos del retraso o brindarles una fecha tentativa de cumplimiento, dejando a decenas de familias en total incertidumbre económica.
Este escenario se da en un contexto donde la administración actual ha estado envuelta en múltiples señalamientos públicos, entre ellos presuntos actos de corrupción, falta de obras visibles, mal manejo de recursos, reprobación de cuentas públicas, llamados de atención por parte de diputadas y diputados por la falta de rendición de cuentas, así como una constante opacidad y falta de transparencia en el ejercicio del gasto público.
Derivado de esta crisis administrativa y financiera, la presidenta municipal decidió implementar un llamado “plan de austeridad”, el cual incluyó el recorte de aproximadamente 20 empleados municipales más. Al igual que los casos anteriores, estas personas tampoco tienen certeza sobre cuándo recibirán el pago de su liquidación, profundizando la problemática laboral y social dentro del propio gobierno municipal.
La incongruencia y falta de sensibilidad quedaron aún más expuestas durante una transmisión en vivo del Ayuntamiento, cuando una ex empleada municipal cuestionó directamente a la presidenta sobre el retraso en el pago de su finiquito. En respuesta, la alcaldesa utilizó como ejemplo a la regidora Bertha Isabel Hernandez, preguntándole cuánto tiempo tardó el Gobierno del Estado en pagarle su liquidación cuando fue directora. La regidora respondió que aproximadamente dos años, a lo que la presidenta concluyó: “Ahí está la respuesta del tiempo aproximado”.
Dicha declaración fue duramente criticada por ciudadanos y trabajadores, al considerar que normaliza la precarización laboral y minimiza el impacto económico y emocional que estas decisiones tienen en las familias sanquintinenses, muchas de las cuales dependen completamente de esos ingresos.
La situación refleja una profunda desconexión entre el discurso oficial y la realidad que enfrentan los empleados municipales, así como una preocupante ausencia de empatía hacia quienes han servido al Ayuntamiento. Mientras la administración exige sacrificios bajo el argumento de austeridad, la falta de claridad, comunicación y responsabilidad institucional continúa afectando directamente a la base trabajadora y a la confianza ciudadana en el gobierno municipal.
