• La extorsión a comercios ha provocado el cierre de cientos de negocios y la pérdida de empleos en la entidad
• Gran parte de las amenazas y cobros de “derecho de piso” se realizan desde centros penitenciarios, acusó la legisladora
Mexicali, Baja California.– Durante sesión ordinaria, la diputada Yohana Gilvaja presentó un exhorto para que el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana comparezca ante la XXV Legislatura y rinda cuentas sobre el desempeño, alcances y recursos asignados a la recién creada Unidad de Prevención de Delitos Cibernéticos.
Desde tribuna, la legisladora sostuvo que la inseguridad que enfrentan miles de comerciantes en Baja California es consecuencia de la falta de acción de las autoridades encargadas de garantizar la seguridad, por lo que subrayó que no se requieren más reformas legales, sino resultados concretos.
Advirtió que, mientras los grupos delictivos actúan con rapidez, organización y uso intensivo de la tecnología, las instituciones encargadas de la seguridad pública reaccionan de manera lenta o, en muchos casos, no actúan.
Gilvaja denunció que pequeños y medianos comerciantes reciben llamadas, mensajes y amenazas a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería, en su mayoría provenientes de centros penitenciarios, mediante las cuales se les exige el pago de “derecho de piso”, se les imponen cuotas y se les dictan horarios de operación.
Señaló que la extorsión se ha normalizado y se ha convertido en parte del entorno cotidiano, afectando no solo la economía de las familias, sino también el tejido social y la inversión, al provocar el cierre de negocios y la pérdida de empleos en la entidad.
La diputada demandó resultados claros por parte de la Policía Cibernética en el combate a la extorsión, enfatizando que dicha unidad no puede quedarse únicamente en una figura administrativa, sino que debe contar con recursos suficientes, personal capacitado y facultades efectivas para enfrentar este delito.
Ante el planteamiento, diputadas y diputados de todas las fuerzas políticas respaldaron el exhorto; no obstante, por consenso del Pleno se determinó solicitar en una primera etapa un informe al titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana sobre los avances en la implementación de la Policía Cibernética.
Asimismo, se acordó requerir a la Secretaría de Hacienda que detalle la planeación presupuestal destinada a garantizar los recursos necesarios para combatir la extorsión, delito que vulnera a las familias y debilita el tejido social de Baja California.
